Resumen: La sentencia estima el recurso de apelación interpuesto contra la dictada por el Juzgado Central en recurso presentado frente a la sanción impuesta al demandante, jugador de golf, por supuesto falseamiento del resultados alcanzados en una competición. El juzgador de instancia anuló la sanción al entender que la conducta no había sido correctamente tipificada. Por el contrario, la Audiencia analiza el tipo sancionador aplicado, previsto en el artículo 93.1.j) de los Estatutos de la Real Federación Española de Golf que sanciona el "Falseamiento por parte de un jugador de los resultados obtenidos en las pruebas por cualquier medio, incluida la alteración o manipulación de la tarjeta de resultados, así como la ayuda deliberada de cualquier otro jugador para cometer tal falta" y concluye que la conducta del sancionado, respecto del cual se acreditó que había entregado, en efecto, una tarjeta de resultados con datos relativos a los obtenidos en una prueba que se habían distorsionado pues no coincidían con los realmente obtenidos en el hoyo 18 del campeonato en el que participaba, se ajustaba al tipo. Hechos estos que reconoció el propio sancionado, aunque intentó defenderse indicando que entregó la tarjeta porque, si bien sabía que era erróneo el resultado referido en el hoyo 18, creía que era correcta su actuación ya que la tarjeta tenía la firma del marcador de resultados y que él no había falsificado su firma.
Resumen: La sentencia analiza el recurso de apelación interpuesto contra el auto de medidas cautelares adoptado por el Juzgado de instancia. En particular, examina cuales son los efectos sobre dicho recurso de apelación que han de reconocerse al dictado de la sentencia en el proceso de instancia mientras está pendiente aun el recurso de apelación, y concluye que siendo ejecutable la sentencia, aunque no sea firme, y al ser susceptible de ejecución, carece de significado la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado ya que no se está ante la ejecutividad de éste sino ante la ejecución de una sentencia de manera que, una vez pronunciada sentencia por el juez de instancia, huelga cualquier consideración o resolución sobre la suspensión o no de la ejecución del acto, pues únicamente cabe solicitar la ejecución de la sentencia firme o, si ésta no lo fuese por haberse interpuesto recurso, pedir al Tribunal de instancia que acuerde su ejecución provisional o anticipada.
